El obispo que desafía a Roma: insiste en ordenar sacerdotes casados para 2028 sin permiso del Vaticano
Johan Bonny arriesga la excomunión al mantener su plan en la diócesis de Amberes. La Santa Sede, de momento, no ha anunciado públicamente ninguna autorización.
Una amenaza que no ha desaparecido con el tiempo
El obispo de Amberes, Johan Bonny, ha renovado en los primeros días de octubre de 2026 su propuesta de ordenar sacerdotes a hombres casados en su diócesis belga para el año 2028, pese a que el Vaticano no ha anunciado públicamente ninguna autorización para llevar adelante esta iniciativa. No se trata de una declaración nueva: Bonny ya había planteado este mismo desafío en marzo de 2026, en una carta pastoral de once páginas dirigida a sus feligreses, pero su insistencia más de medio año después, sin que Roma haya cerrado la puerta ni la haya abierto formalmente, mantiene viva una de las tensiones doctrinales más delicadas del pontificado de León XIV.
Qué plantea exactamente el obispo de Amberes
Bonny, al frente de la diócesis de Amberes desde 2009 y conocido por sus posturas progresistas dentro del episcopado belga, ha declarado que hará «todo lo posible» por ordenar sacerdotes a hombres casados en su diócesis antes de esa fecha, y que él mismo seleccionará y formará a los candidatos. Su argumento central es demográfico: la tasa de reposición del clero diocesano, según sus propias palabras, está «apenas superior a cero», y considera que exigir el celibato como condición única para el sacerdocio ha dejado de ser sostenible ante la escasez histórica de vocaciones locales. «La cuestión ya no es si la Iglesia puede ordenar sacerdotes a hombres casados, sino cuándo lo hará y quién lo hará», resumió en su carta pastoral original.
El ángulo poco contado: una decisión unilateral que, admite el propio obispo, no puede ejecutar solo
Lo que distingue este episodio de otras llamadas genéricas a flexibilizar el celibato es que Bonny no se limita a pedir un debate teológico abstracto: fija una fecha concreta, un plazo de ejecución y un plan operativo dentro de su propia diócesis, algo que la mayoría de la cobertura sobre el tema del celibato rara vez aterriza en términos tan prácticos. Sin embargo, el propio obispo ha reconocido con honestidad los límites de su margen de maniobra: «cualquier cambio actual en la práctica en una diócesis latina requeriría una acción de la Santa Sede y no podría llevarse a cabo mediante una decisión unilateral de un obispo diocesano, sin importar cuán urgentes sean las circunstancias pastorales», admitió en sus últimas declaraciones. Es decir, el propio protagonista de este pulso admite que, sin el visto bueno de Roma, cualquier ordenación que llegara a celebrar sería ilícita, contraria a la Santa Sede y, según algunos canonistas consultados por medios católicos, podría acarrearle la excomunión, la expulsión formal de la Iglesia.
Matices y fuentes que no coinciden
El propio Bonny sitúa su propuesta dentro del proceso sinodal impulsado por Francisco, argumentando que «la pelota está ahora en el campo de los obispos locales y de sus Iglesias» tras el Sínodo sobre la Sinodalidad celebrado entre 2023 y 2024. Sin embargo, como ha señalado el medio oficioso de la Conferencia Episcopal belga, CathoBel, el Documento Final de aquel Sínodo, concluido a finales de 2024, no recomienda en ningún momento la ordenación de hombres casados, lo que debilita la pretensión de Bonny de presentar su plan como una continuidad lógica del propio proceso sinodal oficial. Figuras de peso dentro del colegio cardenalicio, como el cardenal Camillo Ruini, han calificado públicamente la propuesta de «un error», insistiendo en que el celibato no es una simple norma disciplinar de conveniencia práctica, sino un signo espiritual y eclesiológico de entrega total que, a su juicio, un clero casado diluiría de forma irreparable. El propio Francisco, durante su pontificado, ya había recibido una petición formal en este sentido en una cumbre de obispos de 2018 y decidió no autorizarla.
Por qué esto importa hoy
El actual silencio de León XIV ante la renovada insistencia de Bonny —ni autorización pública ni sanción canónica anunciada hasta la fecha— deja a la Iglesia en una situación de ambigüedad institucional poco frecuente: un obispo diocesano mantiene abierta, de forma pública y reiterada, una fecha límite concreta para desafiar una disciplina eclesiástica vigente, sin que Roma haya optado todavía por zanjar la cuestión en ningún sentido. Sea cual sea el desenlace final, el caso de Amberes se ha convertido ya en el banco de pruebas más citado para medir hasta dónde está dispuesto a llegar este pontificado a la hora de abordar, con hechos y no solo con declaraciones generales, una de las discusiones disciplinares más sensibles del catolicismo contemporáneo.
Conviene recordar, además, que el propio debate sobre la ordenación de hombres casados no es del todo nuevo ni exclusivo de Bélgica: ya en 2019, durante el Sínodo para la Amazonía convocado por Francisco, se discutió formalmente la posibilidad de ordenar a «viri probati» —hombres casados de probada virtud— en regiones remotas con escasez severa de clero, una propuesta que finalmente no se tradujo en una norma general tras la exhortación postsinodal de Francisco. Lo que distingue el caso de Bonny de aquel precedente amazónico es el contexto: no se trata de una región misionera con comunidades aisladas sin acceso sacramental regular, sino de una diócesis europea desarrollada, lo que convierte su desafío en un precedente de un tipo distinto, mucho más difícil de encajar dentro de las excepciones pastorales que la propia Iglesia ya contempla para circunstancias geográficas extremas.
Mientras tanto, la diócesis de Amberes sigue funcionando con su estructura clerical actual, sin que se haya producido todavía ninguna ordenación irregular ni ningún movimiento disciplinar formal por parte de Roma, lo que deja a los propios feligreses belgas en una posición incómoda: a la espera de un desenlace que podría llegar en cualquier momento, ya sea en forma de autorización histórica, de sanción canónica al obispo, o, como ha ocurrido hasta ahora durante meses, de un silencio institucional prolongado que ninguna de las dos partes del pulso parece dispuesta a romper primero.